Extractado de TELAM - Devolviendo la platita!

09:32 - POLITICA El Gobierno le reclamará a los exportadores 1763 millones de dólares El Ejecutivo reclamará a los exportadores 1763 millones de dólares y estudia una reforma a la ley de granos, que permitió la elusión fiscal. Esta semana darán comienzo procedimientos administrativos con dicho objetivo.
El Poder Ejecutivo comenzará esta semana procedimientos administrativos tendientes a recuperar 1763 millones de dólares que los exportadores de maíz, trigo, soja y girasol en granos, pellets, aceite y harina vendieron pagando una alícuota inferior a la vigente, entre ellos la Aceitera General Deheza, del senador justicialista cordobés Roberto Urquía, Cargill, Bunge, Nidera, Vicentín, Noble, ADM y la Asociación de Cooperativas Argentinas, según apunta una nota del matutino Página 12 firmada por el periodista Horacio Verbitsky. La suma exacta del reclamo la determinarán la AFIP y la Aduana, a partir del cálculo en toneladas que realizó la ONCCA. En algún caso el procedimiento administrativo podría ser también el prolegómeno de denuncias penales por evasión y apropiación indebida de tributos, como el que la AFIP ya impulsó contra uno de los dirigentes de la Sociedad Rural que encabezaron los cortes en la provincia de Buenos Aires, René Ducret.En todos los casos, el procedimiento para esta elusión impositiva consistió en registrar operaciones por adelantado, anticipándose a los aumentos en las alícuotas. Para ello bastaba una declaración jurada. Esta maniobra, permitida por la ley de granos, permitía congelar el precio y la alícuota al día del registro y una resolución de la Secretaría de Agricultura otorgaba un plazo de 365 días al exportador para concretar la operación con aquellos valores. Sólo los granos y sus subproductos están exceptuados de pagar al nivel y al precio del día de la exportación. En abril, al asumir como presidente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), a la que se asignó el control de las declaraciones juradas, Ricardo Echegaray redujo ese plazo de 365 a 45 días y dio comienzo una investigación sobre los hechos anteriores, que culminó esta semana. Desde el 1º de noviembre de 2007 versiones de prensa dejaron saber que las retenciones se aumentarían del 27 al 35 por ciento y Agricultura dejó abierto el registro. El incremento se formalizó el 9 de noviembre. En la semana previa se registraron 26,5 millones de toneladas, con la alícuota anterior. A raíz de ello el diputado demoprogresista Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley que su Cámara aprobó, estableciendo que además de la declaración jurada sería necesario acreditar la tenencia o adquisición de los granos y que quienes no pudieran hacerlo deberían pagar en forma retroactiva, “el mayor nivel de derechos de exportación”, es decir con la alícuota y al precio vigente al momento de la exportación y no a los del registro. Por iniciativa del senador cordobés Roberto Urquía, la cámara revisora lo convirtió en “la mayor alícuota de derechos de exportación”, es decir con la nueva alícuota de retenciones pero al precio del día del registro. El Secretario de Agricultura Javier de Urquiza nunca reglamentó la ley que lo convertía en autoridad de aplicación. Recién el 13 de mayo, por decreto presidencial, la ley fue reglamentada y esas competencias asignadas a Echegaray. La investigación de la ONCCA cerrada el 14 de julio analizó la actividad de 57 empresas, que en 1316 declaraciones juradas registraron ventas futuras por 24,5 millones de toneladas. Para ello cotejó las cifras de esas declaraciones con las que informan a la ONCCA los productores y acopiadores cuando realizan las ventas. De este modo detectó que el 89 por ciento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior no estaba respaldado por la tenencia o adquisición de granos. Esto equivale a un 85 por ciento de las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo, o sea 22,5 millones de toneladas. Además, las declaraciones juradas decían que las operaciones anotadas correspondían a granos de la cosecha 2007-2008, que todavía no se había levantado. La elusión continuó después del 11 de marzo.Estas son algunas de las grandes exportadoras que deberán enfrentar el reclamo:- Cargill declaró sin tenerlas ni haberlas adquirido 4 millones de toneladas de soja y 22.500 de girasol (en ambos casos a granel y pellets), 25.000 toneladas de maíz, 120.000 de aceite de girasol y 436.000 de aceite de soja.- Aceitera General Deheza, la empresa de Urquía, 54.500 toneladas de girasol, 11.000 de aceite de girasol, 381.000 de aceite de soja y 1.325.000 de harina de soja.- Bunge, 2.400.000 toneladas de soja y 625.000 de aceite de soja.- Nidera, 985.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol y 116.000 de aceite de girasol.- Vicentín, 370.000 toneladas de soja, 92.000 de girasol, 125.000 de aceite de girasol, 160.000 de aceite de soja y 602.000 de harina de soja.- Noble 853.000 toneladas de soja.- ADM, 820.000 toneladas de soja.- La Asociación de Cooperativas Argentinas, 675.000 toneladas de soja, 65.000 de maíz y 107.000 de aceite de soja.- Oleaginosa Moreno, 435.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol, 191.000 de aceite de girasol y 41.500 de harina de soja.Un caso especial es el de Luis Ducret y Compañía, quien figura con mil toneladas de girasol y 2000 de trigo. La AFIP ya había denunciado a este comisionista y consignatario mayorista por evasión tributaria calificada de IVA e impuesto a las ganancias por casi 11 millones de pesos y por apropiación indebida de tributos por 6,5 millones. Su vicepresidente, René Horacio Ducret, es también presidente de la Sociedad Rural de Baradero. La semana próxima será indagado por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzzo junto con el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raul Plácido Victores, por la organización de los cortes de rutas y las quemazones en San Pedro junto a Mario Llambías y Eduardo Buzzi, entre otros.Una solución de fondo, que el gobierno tuvo en consideración en el primer mes del conflicto y que quedó postergada por la dinámica de los acontecimientos es la reforma de la ley de granos. La propuesta consiste en congelar tanto el precio como la alícuota el día del registro, con la condición de que el exportador pague la retención correspondiente en el momento de anotar la operación. De este modo, productores y exportadores podrán cubrirse mediante el mercado de futuros pero esa timba no ocurrirá a expensas del Estado.