Mendez: de la Picana al Piquete

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Extractado de TELAM - Devolviendo la platita!

09:32 - POLITICA El Gobierno le reclamará a los exportadores 1763 millones de dólares El Ejecutivo reclamará a los exportadores 1763 millones de dólares y estudia una reforma a la ley de granos, que permitió la elusión fiscal. Esta semana darán comienzo procedimientos administrativos con dicho objetivo.
El Poder Ejecutivo comenzará esta semana procedimientos administrativos tendientes a recuperar 1763 millones de dólares que los exportadores de maíz, trigo, soja y girasol en granos, pellets, aceite y harina vendieron pagando una alícuota inferior a la vigente, entre ellos la Aceitera General Deheza, del senador justicialista cordobés Roberto Urquía, Cargill, Bunge, Nidera, Vicentín, Noble, ADM y la Asociación de Cooperativas Argentinas, según apunta una nota del matutino Página 12 firmada por el periodista Horacio Verbitsky. La suma exacta del reclamo la determinarán la AFIP y la Aduana, a partir del cálculo en toneladas que realizó la ONCCA. En algún caso el procedimiento administrativo podría ser también el prolegómeno de denuncias penales por evasión y apropiación indebida de tributos, como el que la AFIP ya impulsó contra uno de los dirigentes de la Sociedad Rural que encabezaron los cortes en la provincia de Buenos Aires, René Ducret.En todos los casos, el procedimiento para esta elusión impositiva consistió en registrar operaciones por adelantado, anticipándose a los aumentos en las alícuotas. Para ello bastaba una declaración jurada. Esta maniobra, permitida por la ley de granos, permitía congelar el precio y la alícuota al día del registro y una resolución de la Secretaría de Agricultura otorgaba un plazo de 365 días al exportador para concretar la operación con aquellos valores. Sólo los granos y sus subproductos están exceptuados de pagar al nivel y al precio del día de la exportación. En abril, al asumir como presidente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), a la que se asignó el control de las declaraciones juradas, Ricardo Echegaray redujo ese plazo de 365 a 45 días y dio comienzo una investigación sobre los hechos anteriores, que culminó esta semana. Desde el 1º de noviembre de 2007 versiones de prensa dejaron saber que las retenciones se aumentarían del 27 al 35 por ciento y Agricultura dejó abierto el registro. El incremento se formalizó el 9 de noviembre. En la semana previa se registraron 26,5 millones de toneladas, con la alícuota anterior. A raíz de ello el diputado demoprogresista Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley que su Cámara aprobó, estableciendo que además de la declaración jurada sería necesario acreditar la tenencia o adquisición de los granos y que quienes no pudieran hacerlo deberían pagar en forma retroactiva, “el mayor nivel de derechos de exportación”, es decir con la alícuota y al precio vigente al momento de la exportación y no a los del registro. Por iniciativa del senador cordobés Roberto Urquía, la cámara revisora lo convirtió en “la mayor alícuota de derechos de exportación”, es decir con la nueva alícuota de retenciones pero al precio del día del registro. El Secretario de Agricultura Javier de Urquiza nunca reglamentó la ley que lo convertía en autoridad de aplicación. Recién el 13 de mayo, por decreto presidencial, la ley fue reglamentada y esas competencias asignadas a Echegaray. La investigación de la ONCCA cerrada el 14 de julio analizó la actividad de 57 empresas, que en 1316 declaraciones juradas registraron ventas futuras por 24,5 millones de toneladas. Para ello cotejó las cifras de esas declaraciones con las que informan a la ONCCA los productores y acopiadores cuando realizan las ventas. De este modo detectó que el 89 por ciento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior no estaba respaldado por la tenencia o adquisición de granos. Esto equivale a un 85 por ciento de las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo, o sea 22,5 millones de toneladas. Además, las declaraciones juradas decían que las operaciones anotadas correspondían a granos de la cosecha 2007-2008, que todavía no se había levantado. La elusión continuó después del 11 de marzo.Estas son algunas de las grandes exportadoras que deberán enfrentar el reclamo:- Cargill declaró sin tenerlas ni haberlas adquirido 4 millones de toneladas de soja y 22.500 de girasol (en ambos casos a granel y pellets), 25.000 toneladas de maíz, 120.000 de aceite de girasol y 436.000 de aceite de soja.- Aceitera General Deheza, la empresa de Urquía, 54.500 toneladas de girasol, 11.000 de aceite de girasol, 381.000 de aceite de soja y 1.325.000 de harina de soja.- Bunge, 2.400.000 toneladas de soja y 625.000 de aceite de soja.- Nidera, 985.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol y 116.000 de aceite de girasol.- Vicentín, 370.000 toneladas de soja, 92.000 de girasol, 125.000 de aceite de girasol, 160.000 de aceite de soja y 602.000 de harina de soja.- Noble 853.000 toneladas de soja.- ADM, 820.000 toneladas de soja.- La Asociación de Cooperativas Argentinas, 675.000 toneladas de soja, 65.000 de maíz y 107.000 de aceite de soja.- Oleaginosa Moreno, 435.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol, 191.000 de aceite de girasol y 41.500 de harina de soja.Un caso especial es el de Luis Ducret y Compañía, quien figura con mil toneladas de girasol y 2000 de trigo. La AFIP ya había denunciado a este comisionista y consignatario mayorista por evasión tributaria calificada de IVA e impuesto a las ganancias por casi 11 millones de pesos y por apropiación indebida de tributos por 6,5 millones. Su vicepresidente, René Horacio Ducret, es también presidente de la Sociedad Rural de Baradero. La semana próxima será indagado por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzzo junto con el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raul Plácido Victores, por la organización de los cortes de rutas y las quemazones en San Pedro junto a Mario Llambías y Eduardo Buzzi, entre otros.Una solución de fondo, que el gobierno tuvo en consideración en el primer mes del conflicto y que quedó postergada por la dinámica de los acontecimientos es la reforma de la ley de granos. La propuesta consiste en congelar tanto el precio como la alícuota el día del registro, con la condición de que el exportador pague la retención correspondiente en el momento de anotar la operación. De este modo, productores y exportadores podrán cubrirse mediante el mercado de futuros pero esa timba no ocurrirá a expensas del Estado.

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Comunicado del CEPLAS

POR LA INCLUSION Y LA JUSTICIA SOCIAL
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DEL GOBIERNO POPULAR

TODOS AL CONGRESO DE LA NACION
MARTES 15 DE JULIO – 15 HS

Dos flagelos, el desempleo y la precarización laboral, están en el centro de la cuestión social de nuestro tiempo; y sin duda son causas importantes, pero no exclusivas, de las diversas expresiones de la exclusión, la injusticia social, y de la distribución regresiva de la riqueza que todavía padecen los trabajadores (empleados, desempleados, jubilados) y sus familias, es decir la gran mayoría de los argentinos.
En términos históricos, es insoslayable la reflexión que surge de los balances, y de la memoria colectiva a mas de 50 años transcurridos desde 1955; y más recientemente, de los mas de 30 años cumplidos desde el 24 de marzo de 1976, cuando se instauró la última dictadura oligárquico-militar en nuestro país.
Desde entonces, y hasta ahora, el neoliberalismo se constituyó en la doctrina de esa clase propietaria, es decir de la oligarquía, el sector social dominante, un bloque de poder integrado por la elite de los grupos económicos locales y de las empresas transnacionales, que cuenta entre sus organizaciones insignia a la Sociedad Rural (SRA), y a Confederaciones Rurales (CRA).
Ese modelo político y económico de saqueo, exclusión e injusticia social, consolidó su impronta en la estructura del Estado, de la Sociedad, y de la economía durante los diez años de la presidencia Menen, la “tercera década infame”. Y, finalmente, llevó al país a la crisis gravísima, casi terminal, de diciembre de 2001, una crisis de amplitud y profundidad sin precedentes en nuestra historia.
Hoy, siete años después, son notorias las mejoras políticas, sociales y económicas logradas durante esta etapa de Reconstrucción Nacional, gracias a la confluencia de las políticas públicas, y de las acciones de las organizaciones mayoritarias del movimiento sindical y social.
La reconstrucción de la legitimidad y la autoridad del Estado, y del sistema democrático; la organización y la movilización sindical y social, y el esfuerzo y la solidaridad colectivas, juntos, han sido las claves para estos logros. Pero aún subsisten importantes rémoras estructurales del modelo neoliberal que explican los todavía altos niveles de exclusión y desigualdad social.
La dinámica del poder económico, su propia lógica interna, tiende a profundizar la concentración y la extranjerización de la propiedad, y de la apropiación de la riqueza que, por otra parte, sólo el trabajo produce; y, simultáneamente, en los sistemas financiero y tributario todavía rigen las normas centrales de su funcionamiento y la regresividad impositiva que impusieron Videla y Martínez de Hoz, que consolidaron luego Carlos Menen y Domingo Cavallo, y que Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde continuaron.

Sin duda es mucho lo que queda por hacer en el campo laboral y social, porque también es mucho lo que fue destruido; pero reconocemos y convocamos a movilizarnos para defender los logros de este gobierno democrático y popular, que por cierto son concretos, y muchos. Mientras tanto continuamos haciendo aportes procurando promover el debate publico, y al interior de las organizaciones y las agrupaciones sindicales y sociales, con el fin de impulsar el desarrollo de políticas de Estado que son, a nuestro criterio, imprescindibles para consolidar y profundizar, simultáneamente, el actual proyecto popular y democrático de Reconstrucción nacional.
Solo con mas y mejor Democracia, y con un Estado garante de los derechos sociales y económicos de las mayorías, se logrará mas y mejor inclusión y Justicia social para todos los argentinos.

La Plata, 14 de julio de 2008.-

Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva
Néstor Lafleur
Presidente

Convocatoria

POR LA INCLUSION Y LA JUSTICIA SOCIAL
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DEL GOBIERNO POPULAR

TODOS AL CONGRESO DE LA NACION
MARTES 15 DE JULIO – 15 HS

Desde el 25 de mayo de 2003, con los gobiernos populares y democráticos del compañero Néstor Kirchner y de la compañera Cristina Fernández, el Proyecto de Reconstrucción Nacional ha avanzado mucho, aunque aún resta transitar un duro y largo camino.

La legitimidad y el respaldo democrático de este, nuestro Gobierno popular están a la vista, y fue ampliamente ratificada en las urnas el 28 de octubre del año pasado.
Esta realidad es concreta, y encarna la Esperanza de la gran mayoría de nuestro Pueblo; pero la tarea es difícil, porque los grupos económicos oligárquicos que fueron partícipes, principales beneficiarios, y responsables últimos del terrorismo de Estado y de las políticas capitalistas neoliberales, en definitiva, del saqueo de la Argentina, y sus organizaciones patronales (como la Sociedad Rural, CRA. y otros), no se resignarán fácilmente, tal como lo demuestran todos los días, por todos los medios a su alcance. La relación de fuerzas, la relación de poder real, todavía no es claramente favorable al campo popular, a pesar de las victorias electorales que nos han permitido alcanzar el gobierno y nos permiten gobernar en las actuales circunstancias.
Protagonizar este nuestro tiempo histórico y político es el principal desafío para nuestro Pueblo, y en especial para la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores argentinos, y los jóvenes, con sus organizaciones y agrupaciones políticas, sindicales y sociales.
Asumir este desafío es también una responsabilidad, la de hacer todo lo que sea necesario para concretar los objetivos históricos nacionales y populares, tales como: realizar la Justicia Social, construir una Democracia amplia y plena, preservar la Independencia nacional, y promover la Unidad latinoamericana, entre los más destacados. Y asimismo, dar respuesta a los más recientes y urgentes objetivos, tales como la inclusión, protección y promoción social de cientos de miles de compatriotas que todavía padecen el desempleo, la pobreza o la indigencia.
Para todos y cada uno de nosotros, las compañeras y compañeros, los militantes que nos reconocemos y asumimos como peronistas, la participación activa y el impulso al protagonismo popular es un deber insoslayable, en cada ciudad, cada barrio, y en cada gremio, y en cada lugar de trabajo.
Esta es la responsabilidad principal en este momento histórico, porque están en juego la construcción del PROYECTO NACIONAL del siglo XXI, una NUEVA ARGENTINA, con INCLUSION Y JUSTICIA SOCIAL PARA TODOS.
AGRUPACION PRIMERO LA PATRIA
Miriam Larrañaga – Adolfo D´Ascanio – Ricardo Leguiza – Alfredo Acuña - Jorge Filpe – Rubén Acuña –Claudia Rodríguez – Nicolás Saguessi – Isabel Juárez ( Berisso)

AGRUPACION NUEVA ARGENTINA
Dina Marcuzzi – Marina Jaureguiberry- Daniel Izaguirre – Marcos Helbert–
Néstor Lafleur (La Plata) - Leonardo Chancel (Berisso)

Observatorio de medios de la Argentina

Observación y Análisis de las coberturas realizadas por los diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crítica de la Argentina sobre la crisis registrada entre las entidades patronales del agro y el Estado Nacional, durante el período que abarca del 1 al 15 de junio de 2008.Por la intensidad noticiosa del tema relevado, fuera de la muestra y como referencia contextual, se procedió al relevamiento de los espacios de 19-22 horas, entre los días 14 y 18 de junio, de los canales TN, C5N, Crónica TV y América Noticias.

VER en: http://www.elortiba.org/temp/Medios.pdf

SOLICITADA DE LA SOCIEDAD RURAL 24 de Marzo de1977

Click en la imagen para leer

Analisis del conflicto agrario- Diego Oliveira

No resulta sencillo el análisis político sobre lo ocurrido con el conflicto del “campo” pero, en nuestra condición de militantes sociales, políticos y/o gremiales debemos meternos en el tema y tratar de sacar algunas conclusiones y líneas de acción que den respuesta política a lo sucedido y sus consecuencias.
Este conflicto sectorial -además del tema de provocar el desabastecimiento que de por si es gravísimo, ya que se trató de un lock out patronal y no de un paro (no fue decidido por los trabajadores agrarios en relación de dependencia, esos que en un altísimo porcentaje cobran bajos salarios y en negro)- lo que puso sobre el tapete -además, por supuesto de la carencia de políticas destinadas a los pequeños productores- es el primer coletazo de una disputa que va a marcar la puja de poder en nuestro país en un futuro más próximo que lejano. Sólo hay que analizar el contexto internacional donde se observa la creciente demanda de productos primarios, básicamente granos para alimentación y biocombustibles (esto último fue calificado por la Unión Europea como altamente peligroso y preocupante), con precios en suba y con una gran integración internacional de los grupos económicos que operan en estos negocios.
Esta es la realidad, y pensar que esto es solamente un problema del gobierno es un infantilismo o una irresponsabilidad. Es del gobierno y es de todo el pueblo (trabajadores ocupados y desocupados, pequeños y medianos productores agropecuarios e industriales, pequeños y medianos comerciantes, profesionales, sectores medios, etc.; todo lo que está ligado al mercado interno y al destino nacional). Y es así porque lo que asoma a la luz es la disputa por un modelo de distribución de la riqueza y, en definitiva un modelo de país. Un modelo de distribución que por ahora se podría decir que casi se esboza más en el discurso que en los hechos, y con algunas medidas que merecen profundización (sin perjuicio de la paulatina recuperación de los salarios y del incremento del consumo en los sectores medios), pero que, aun así, se le intenta poner la pata encima.
No se puede tener una mirada ingenua sobre lo sucedido, quedó demostrado que se ha producido un reagrupamiento de los sectores de la derecha más reaccionaria (no hace falta decir que fueron cómplices de todas las dictaduras habidas y por haber, especialmente en el ‘55 y el ’76, por que eso lo sabe el pueblo y lo saben ellos; Soc. Rural, CRA, las empresas titulares de los medios masivos de comunicación, ej: La Nación, casi todo el esprectro de radio AM, Grupo Hadad; Editoriales Varias; Pro-Macri-“Gobierno de la ciudad”; Sectores de la Iglesia; etc., etc., etc.) y también de la centro derecha, con su típico oportunismo (Duhaldismo residual, como De Narváez; Coalición Cívica, especialmente su “lider” Elisa Carrio, Grupo Clarín, Gobernadores o ex gobernadores reclicados; etc, etc, etc, ). El espectáculo que mostraron algunos partidos y/o grupos de “izquierda”, minoritarios en el espectro de la izquierda argentina, por lo grotesco se explica por si mismo. Sin embargo, las coincidencias que alcanzaron en estos días, discursos y declaraciones mediantes, más la puesta en escena de parte de los medios de comunicación acerca del “gran apoyo” que “el campo” recibía de los sectores medios urbanos y no tan urbanos, los coloca ante la evidencia de que su proyecto político tiene una base de sustentación nada despreciable. Si ha eso se le suma el climax de “inestabilidad” intencionalmente generado desde los medios, la solapada intención de asimilar la situación del país a momentos verdaderamente dramáticos de crisis social (sin que este momento pueda ser tomado livianamente, por supuesto), el manijazo que tuvieron la presencia de “caceroleros acomodados” de la capital a partir del martes 25 de marzo (aparecidos luego de haber disfrutado de un fin de semana largo, incluido el 24 de marzo que debería ser una fecha para reflexionar) y que el cuestionamiento se extendió hacia otras áreas, por tomar un ejemplo, a la política de derechos humanos y a las merecidas reivindicaciones históricas que han permanentemente recibido militantes populares desaparecidos y perseguidos por la última dictadura militar, sean del signo político que fueren, a la política cultural, la política exterior, etc., entonces hay que entender que el asunto merece ser analizado con más detenimiento y agudeza. Y no se trata sólo de la reaparición de personajes tradicionalmente gorilas y golpistas que reaparecieron en los medios opinando o dando discursos, sino de la reiteración de la idea de que “ya es hora de superar el pasado”, por ejemplo, en clara referencia a lo que decíamos.
Esta mas que claro que no todo es lo mismo, que hay sectores de la producción agraria que necesitan y merecen políticas de estado que los respalde, sobre todo los pequeños productores y los emprendimientos familiares. Pero también debe estar claro para estos sectores que cualquier política estatal que redistribuya recursos, vía subsidio, fomento, precios sostén, etc, utiliza los recursos que se generan desde el conjunto de los argentinos, no solamente desde el “campo”, también desde la industria, desde los servicios y también, por supuesto, desde los sectores mas desposeídos que, por la característica regresiva del régimen impositivo, contribuyen de igual manera en el impuesto al consumo (iva) que los sectores más pudientes.
Pero, así como esto está claro, también está más que claro que lo que se juega es la intención de poner límites a posibles políticas redistributivas en nuestro país, políticas que pudiera llegar a encarar este gobierno (como es el tema de las retenciones al sector sojero como instrumento de balance y equilibrio interno, ejemplo, sobre los precios de productos de consumo masivo) y cualquier otro gobierno en el futuro.
Es decir, por un lado es real que estas políticas del Kirchnerismo no son todo lo profundas que deberían ser, más bien son de una tibieza notable, y también es real que son parciales, es decir no están acompañadas de un conjunto (ej, en el sector energético, en infraestructura, en política de vivienda, etc, etc,), pero eso no puede llevarnos a no visualizar que todo indica que lo que pasó es el comienzo de una batalla de los sectores concentrados de la economía por mantener el disciplinamiento heredado como consecuencia de la dictadura militar y la era neoliberal (menemismo, alianza) que culminó con la crisis del 2001, y sobre todo, como aspiración histórica de máxima de los sectores concentrados del “campo”, reconducir el modelo productivo argentino en ciernes hacía el viejo modelo agroexportador de “la Argentina como granero del mundo” y habitantes “de pata al suelo”, como lo llamó Arturo Jaurectche, que hoy se actualiza en sus posibilidades materiales de concreción a partir de la creciente demanda externa de productos primarios.
Esto no es más que la vieja disputa histórica entre el campo nacional, los sectores populares y los grupos más concentrados de la economía ligados al capital financiero internacional. Una disputa histórica, que no es nueva y que se viene expresando en nuestro país desde su propio nacimiento, que tuvo distintas manifestaciones a lo largo del tiempo: Patria o Colonia, Pueblo u Oligarquía; Liberación o Dependencia, etc.
En este punto es central preguntarse que papel jugaron y juegan los pequeños y medianos productores, básicamente nucleados en la Federación Agraria, dando el contenido a los piquetes pero dejando que el discurso sea coptado por los medios y hegemonizado por los sectores concentrados (esos mismos que se los fagocitan) hablando del “campo” como un todo, o planteando “unidad” ante la palabra del titular de la Sociedad Rural Miguenz y otros personajes nefastos.
También cabe preguntarse sobre el papel de los medios de comunicación, no sólo en la desfiguración de la realidad sino también en el ocultamiento de información. Esto ya merece un amplio estudio porque quedó en evidencia lo que son capaces de hacer, el grado de gorilismo, discriminación, racismo, ignorancia, mala leche, etc., etc, de algunos periodistas (los negros que se queden en las villas y los barrios humildes del gran buenos aires, que la “ciudad autónoma” es de la gente “civilizada” ¡!!, no tuvieron el mismo grado de cobertura los sucesos de los cartoneros desalojados Hace poco tiempo atrás!). Esto también plantea la necesidad sostener, como en muchos casos se viene haciendo, una política de comunicación de los sectores populares que refleje la voz y el pensamiento propio y a la vez, meterse de lleno en la disputa sobre la ley de radiodifusión y las políticas del estado en estas áreas, cosa que también se viene planteando desde distintos sectores del campo popular.
Y esto de preguntarse sobre el papel que tuvieron los distintos sectores involucrados no es sólo en el afan de tener una descripción más o menos correcta de los hechos, sino para asumir un rol político activo que apunte a que esas acciones que se dirigen, en primer lugar, contra el pueblo argentino pierdan legitimidad social y política y ganen consenso propuestas que beneficien al conjunto del pueblo, en especial a aquellos que se encuentran en una situación de marginalidad, pobreza, carencia de educación, salud, etc., y no para que gane un sector minoritario del país.
En nuestra condición de trabajadores judiciales, por trabajar nada menos que en el ámbito de lo que se llama “justicia”, tenemos algunos objetivos que cumplir y que se vinculan a todo esto. Contribuir a la construcción de un modelo de Poder Judicial que dé respuesta al pueblo y que abandone su carácter represivo y elitista, y desde allí a la construcción de un país con independencia y justicia social. Tenemos también metas propias y específicas, como son el convenio colectivo de trabajo que cambie el paradigma de la relación laboral y que democratice hacia adentro a la justicia y, en ese marco, la reivindicación histórica del sistema de porcentualidad salarial, como una forma de distribución justa y equitativa.
Pero muy poco de eso es posible en el marco de un país que no pueda desarrollarse con inclusión social y con justa distribución de la riqueza, la historia ya lo demostró.
Por eso, en nuestro carácter de activistas, militantes o dirigentes sindicales, como parte del Movimiento Obrero, como parte del pueblo, es el momento oportuno para parar un instante la pelota y hacer un análisis y un debate profundo, sincero y generoso, y que como resultado de esa práctica, retomar con más fuerza la construcción de una patria para todos, para todo el pueblo…

3 Cartas Abiertas a los intelectuales (Identidad Popular)

Carta Abierta de
intelectuales y artistas

Personalidades vinculadas con la cultura, la educación, el periodismo las ciencias, el cine, las artes, la poesía y la literatura, presentaron un espacio "En defensa de un gobierno democrático popular amenazado, preservando la libertad de crítica".

Carta Abierta / 1
Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones –comprensible objeto de litigio– dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental.
Esta atmósfera política, que trasciende el “tema del agro”, ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del Gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad.
Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente.
Un debate por las herencias y las biografías económicas, sociales, culturales y militantes que tiene como uno de sus puntos centrales la cuestión de la memoria articulada en la política de derechos humanos y que transita las tensiones y conflictos de la experiencia histórica, indesligable de los modos de posicionarse comprensivamente delante de cada problema que hoy está en juego.
En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente “la realidad” de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen “la verdad” sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.
Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva.
Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales. La reacción de los grandes medios ante el Observatorio de la discriminación en radio y televisión muestra a las claras un desprecio fundamental por el debate público y la efectiva libertad de información. Se ha visto amenaza totalitaria allí donde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llamaba a un trato respetuoso y equilibrado del conflicto social.
En este nuevo escenario político resulta imprescindible tomar conciencia no sólo de la preponderancia que adquiere la dimensión comunicacional y periodística en su acción diaria, sino también de la importancia de librar, en sentido plenamente político en su amplitud, una batalla cultural al respecto. Tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la política, el arte, la información, la literatura, la acción social, los derechos humanos, los problemas de género, oponiendo a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos.
Se trata de una recuperación de la palabra crítica en todos los planos de las prácticas y en el interior de una escena social dominada por la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado. De la recuperación de una palabra crítica que comprenda la dimensión de los conflictos nacionales y latinoamericanos, que señale las contradicciones centrales que están en juego, pero sobre todo que crea imprescindible volver a articular una relación entre mundos intelectuales y sociales con la realidad política. Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir los espacios de actuación y de interpelación indispensables, discutir y participar en la lenta constitución de un nuevo y complejo sujeto político popular, a partir de concretas rupturas con el modelo neoliberal de país. La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural.
En una situación global de creciente autonomía de los actores del proceso de producción de símbolos sociales, ideas e ideologías, se producen abusivas lógicas massmediáticas que redefinen todos los aspectos de la vida social, así como las operaciones de las estéticas de masas reconvirtiendo y sojuzgando los mundos de lo social, de lo político, del arte, de los saberes y conocimientos. Son sociedades cuya complejidad política y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias y proyectos democráticos y populares, una decisiva intervención intelectual, comunicacional, informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales.
Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país, sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan documentos, estudios y evidencias sobre el papel determinante que asume la contienda cultural y comunicativa y las denuncias contra los medios en manos de los grupos de mercado más concentrados. Es también en esta confrontación, que se extiende al campo de la lucha sobre las narraciones acerca de las historias latinoamericanas, donde hoy se está jugando la suerte futura de varios gobiernos que son jaqueados y deslegitimados por sus no alineamientos económicos con las recetas hegemónicas y por sus «desobediencias» políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos.
Reconociendo los inesperados giros de las confrontaciones que vienen sucediéndose en esta excepcional edad democrática y popular de América latina desde comienzos de siglo XXI, vemos entonces la significación que adquiere la reflexión crítica en relación con las vicisitudes entre Estado, sociedad y mercado globalizado. Uno de los puntos débiles de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cristina Fernández, es que no asumen la urgente tarea de construir una política a la altura de los desafíos diarios de esta época, que tenga como horizonte lo político emancipatorio.
Porque no se trata de proponer un giro de precisión académica a los problemas, sino de una exigencia de pasaje a la política, en un tiempo argentino en el que se vuelven a discutir cuestiones esenciales que atraviesan nuestras prácticas. Pasaje hacia la política que nos confronta con las dimensiones de la justicia, la igualdad, la democratización social y la producción de nuevas formas simbólicas que sean capaces de expresar las transformaciones de la época. En este sentido es que visualizamos la originalidad de lo que está ocurriendo en América latina (más allá de las diferencias que existen entre los distintos proyectos nacionales) y los peligros a los que nos enfrentamos, peligros claramente restauracionistas de una lógica neoliberal hegemónica durante los años noventa.
Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad, nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política –donde el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juega un rol de decisiva importancia– en el sentido de una democratización, profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos. Estratégicamente se trata de sumar formas políticas que ayuden a fecundar una forma más amplia y participativa de debatir.
Nos interesa pues encontrar alternativas emancipadoras en los lenguajes, en las formas de organización, en los modos de intervención en lo social desde el Estado y desde el llano, alternativas que puedan confrontar con las apetencias de los poderes conservadores y reactivos que resisten todo cambio real. Pero también que pueda discutir y proponer opciones conducentes con respecto a los no siempre felices modos de construcción política del propio gobierno democrático: a las ausencias de mediaciones imprescindibles, a las soledades enunciativas, a las políticas definidas sin la conveniente y necesaria participación de los ciudadanos. Una nueva época democrática, nacional y popular es una realidad de conflictos cotidianos, y precisa desplegar las voces en un vasto campo de lucha, confiar, alentar e interactuar.
En este sentido, sentimos que las carencias que muchas veces muestra el Gobierno para enfocar y comprender los vínculos, indispensables, con campos sociales que no se componen exclusivamente por aquellos sectores a los que está acostumbrado a interpelar, no posibilitan generar una dinámica de encuentro y diálogo recreador de lo democrático-popular. Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del Gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones redistributivas como núcleo de los debates y de la acción política desde el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neurálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico.
Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de creación de un espacio político plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente. Experiencia que se instituye como espacio de intercambio de ideas, tareas y proyectos, que aspira a formas concretas de encuentro, de reflexión, organización y acción democrática con el Gobierno y con organizaciones populares para trabajar mancomunadamente, sin perder como espacio autonomía ni identidad propia. Un espacio signado por la urgencia de la coyuntura, la vocación por la política y la perseverante pregunta por los modos contemporáneos de la emancipación.

Carta Abierta /2
Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones

La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental.

En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor convicción.

No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el bautismo con una intención mítica bucólica de "el campo" para lo que es un sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción permanente del conflicto como entre "dos sectores" equivalentes, o ¿más curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros.

No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo avanzado. O más sencillamente "marketing".

Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de facto de la Ley de Radiodifusión de 1980.

Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países "serios", así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido.

Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta "libertad de prensa". Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? "observatorios" que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre la situación del periodismo.

Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que, a ellos, "la gente los elige todos los días" en una suerte de comicios "más directos" que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar "objetivamente" lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas elementales como cualquier hijo de vecino. Por ello es que el propósito expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones sobre la exportación agropecuaria.

Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en circulación y cuál no.

Por esto entendemos imprescindible:- Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación como derecho humano.- Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión.- Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales.- Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces.- Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales.- Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social.- Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público.

Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al ejercicio de la que disfruta.

De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983.

Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de nuestro tiempo. Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo (que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la "libertad de prensa" reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.

Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y de pleno apoyo. El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia. Es una época la que está a la espera de los actores que la merezcan.

Carta Abierta/3
La nueva derecha en la Argentina
¿Cómo se puede reclamar la nacionalización del petróleo cuando la lucha que se despliega es contra una medida progresiva de índole impositiva? ¿Cómo se puede llamar a la lucha contra la pobreza con aliados que expresan las capas más tradicionales de las clases dominantes? Algo ha sucedido en los vínculos entre las palabras y los hechos: un disloque. Los símbolos han quedado librados a nuevas capturas, a articulaciones contradictorias, a emergencias inadecuadas. Ningún actor político puede declararse eximido de haber contribuido a esa separación. Las situaciones críticas obligan a preguntarse qué palabras le corresponden a los nuevos hechos. Entre las batallas pendientes en la cultura y la política argentina, está la de nombrar lo que ocurre con actos fundados en una lengua crítica y sustentable. Sin embargo, hoy las palabras heredadas suelen pronunciarse como un acto de confiscación. Cualquier cosa que ahora se diga vacila en aportar pruebas de su enraizamiento en expectativas sociales reales. Parece haber triunfado la “operación” sobre la obra, el parloteo sobre el lenguaje.
“Clima destituyente” hemos dicho para nombrar los embates generalizados contra formas legítimas de la política gubernamental y contra las investiduras de todo tipo. Una mezcla de irresponsabilidad y de milenarismo de ocasión sustituyó la confianza colectiva. “Nueva derecha” decimos ahora. Lo decimos para nombrar una serie de posiciones que se caracterizan por pensarse contra la política y contra sus derechos de ser otra cosa que gestión y administración de los poderes existentes. Una derecha que reclama eficiencia y no ideología, que alega más gestión que valores –y puede coquetear con todo valor-, que invoca la defensa de las jerarquías existentes aunque se inviste miméticamente de formas y procedimientos asamblearios y voces sacadas de las napas prestigiosas de las militancias de ciclos anteriores. Esa derecha impugna la política como gasto superfluo y como enmascaramiento, pero es cierto que la impugna con más dureza cuando la política pretende intervenir sobre la trama social. Tiene distintas inflexiones: desde la ilusoria eficiencia empresarial del macrismo hasta el intercambio directo de dones y rentas imaginado en Gualeguaychú, sin Estado ni partidos, solo con golpes de transparecia contra lo que llaman obstáculos.
Transparencia social imposible, como no sea bajo un régimen cohercitivo, que expresa su desprecio hacia la política como capacidad transformadora, como intervención activa sobre la vida en común. De ese vaciamiento son responsables, también, los profesionales de la política que priorizaron sus propios intereses mientras sostenían un discurso de lo público. Demasiado tiempo vino degradándose el lenguaje político como para que no surgieran mesianismos vicarios y vaticinios salvadores que en vez de redimir el conocimiento político son el complemento milenarista del espontaneísmo soez. La nueva derecha viene a decir que eso no está mal y que se debe llevar a sus últimas consecuencias, disolviendo la instancia misma de la política. Es fundamentalmente destituyente: vacía a los acontecimientos de sentido, a los hechos de su historicidad, a la vida de sus memorias. Por eso, atraviesa fronteras para buscar terminologías en sus antípodas. Es una nueva derecha porque a diferencia de las antiguas derechas, no es literal con su propio legado, sino que puede recubrirse, mimética, con las consignas de la movilización social.
La nueva derecha puede agitar florilegios de izquierdas recreadas a último momento como préstamo de urgencia o anunciar compromisos caros a las luchas sociales de la historia nacional, sea Grito de Alcorta, sea la gesta de Paso de los Libres en 1933, sean las asambleas del 2001. Es una nueva derecha veteada de retazos perdidos pero no olvidados de antiguas lenguas movilizadoras. Condena el vínculo vivo de las personas y las sociedades con el pasado, llamando a un ilusorio puro presente que podría desprenderse de esas capas anteriores. Lo hace, incluso, cuando trae símbolos de ese pasado sujetándolos a relaciones que los niegan o vacían. Cita al pasado como una efemérides al paso. Será jauretcheana si cuadra, aplaudirá a Madres de Plaza de Mayo si lo ve oportuno, dirá que adhiere a Evo Morales si se la apura, y no le faltará impulso para aludir a los mayos y los octubres de la historia. Mimetismo bendecido, tolerado: es la nueva derecha que ensaya el lenguaje total de la movilización con palabras prestadas. Procede por expurgación y despojo: restándole a la realidad algunas de las capas que la constituyen y presentando en una supuesta lisura la vida en común. En ella no hay espesor, diferencias, desigualdades, violencias ni explotación; ella habla del “campo” trazándonos un dibujo bucólico de pioneros esforzados de la misma manera que considera la pobreza y el hambre como desgracias naturales o como penurias redescubiertas para sostener una mala conciencia de escuderos novedosos de los poderes agrarios tradicionales.
En la nueva derecha reina lo abstracto pero con la lengua presunta de lo concreto: precisamente la que hablan los medios de comunicación. A la trama moral de las acciones la tornan escándalo moral, denuncismo de sabuesos que dejan saber que las sospechas generalizadas sobre la vida política son instrumentos que pueden sustituir un pensar real. En ella se trata de reivindicar la honestidad de los ciudadanos-consumidores, su espontaneidad expresiva ante las manipulaciones de la vieja política; transparentar es su grito, mostrar un supuesto lenguaje sin espesura es su lema. Sin obstáculos, sin pliegues. Sus lenguajes apuntan a vaciar de contenido historias y memorias de la misma manera que buscan desmontar cualquier relación entre universo reflexivo-crítico y política transformadora. Devastación del mundo de la palabra en nombre de la brutalización massmediática; simplificación de la escena cultural de acuerdo a la continua mutilación de la densidad de los conflictos sociales y políticos.
La nueva derecha es ahora un conjunto de procedimientos y de prácticas que se difunden peligrosamente en las más diversas alternativas políticas. La aceptación de que la escena la construyen los medios de comunicación lleva a un tipo de intervención pública tan respetuosa de ese poder como sumisa respecto de las palabras hegemónicas. Hace tiempo que los estilos comunicaciones habituales recurren al intercambio de denuncias como una cifra moral, que parece menos un proyecto compartible de refundar la política en la autoconciencia pública emancipada que en la circulación de un nuevo “dinero” basado en un control de la política por la vía de un moralismo del ciudadano atrincherado, temeroso, ausente de los grandes panoramas históricos. Moralismo de estrechez domiciliaria, pertechada, víctima de miedos construídos y de oscuros deseos de resarcimiento. Es un viaje que parece no tener retorno hacia la espectacularización de una conciencia difusa de represalia. Es un recelo que va quedando despojado de contenidos, como no sean los parapetos medrosos de un pensamienteo consignatario. Todo lo que implica la misma incapacidad para descubrir que lo que llaman “opinión pública”, que en ciertos momentos de la historia, es un acatamiento a lo que habla por ella más de lo que ella balbucea de sí misma.
La nueva derecha se inviste con el ropaje de la racionalidad ciudadana, adopta los giros de lenguaje y los deseos más significativos de una opinión colectiva sin la libertad última para ver que encarna los miedos de una época despótica y violenta. Un intenso intercambio simbólico viene a sellar así la alianza entre la nueva derecha, los medios de comunicación hegemónicos y el “sentido común” más ramplón que atraviesa a vastos estratos de las capas medias urbanas y rurales del que tampoco es ajeno un mundo popular permanentemente hostigado por esas discursividades dominantes.
Lo que sucede en Bolivia, quizás el escenario más complejo de la región, debe alertarnos. No porque sean equivalentes los fenómenos sociales y políticos, sino porque el tipo de confrontación que las derechas bolivianas despliegan advierten sobre cuánto se puede decidir no respetar la voluntad popular, aáun apelando a frenesís plebiscitarios. En Argentina no estamos ante un escenario de esa índole pero sí asistiendo a la emergencia de nuevos fenómenos políticos reactivos y conservadores, que atraviesan partidos políticos populares y organizaciones sociales. Todo trastabilla ante la cuerda subterránea que tienden las nuevas derechas. La señora cansada del conflicto, el locutor de la noche harto de la refriega, el pequeño rentista fastidiado de las listas electorales que había votado. Las nuevas derechas ejercen su señorío como una forma de desencanto, llamando al desapego generalizado. El ser social por fin saturado de las dificultades de una época, llama bajo su forma reactiva, a no pensar la dificultad sino a refugiarse en el desafección política, en el módico mesianismo al borde de las rutas. Proclaman que actúan por dignidad cuando son economicistas y son economicistas cuando demuestran que esa es la nueva forma de la dignidad.
Atraviesan así toda la materia sensible de este momento de la historia nacional. Su frase predilecta, “no me metan la mano en el bolsillo”, hace de los actos legítimos de regulación de las rentas extraordinarias de la tierra, una ignominiosa expropiación. Tratan un bien nacional, como la productividad del suelo, como cosa meramente privada. Otras frases reiteran: “está loca”, e incluso se ha escuchado en la televisión de la noche de los domingos: “es satánico”. Se interpreta la intervención del Estado en el mercado en la clave de una psiquiatría obtusa de revista de peluquería, de chistoso de calesita o de pitonisa de boudoir. Menos se dice “hay que matarlos”, pero aparece en los añadidos que publican algunos periódicos cuando termina la redacción de sus propios artículos y comienza la carnicería opinativa en un anonimato electrónico sediento de desquite. ¿Ante quién? ¿para qué? No le importan las respuestas a una nueva derecha que recobra el linaje de las más impiadosas que tuvo el país. Ha soltado la lengua, pero aprendió a decir primero “armonía” y diálogo” mientras no ocultan la sonrisa sobradora cuando escuchan que se les dice “y pegue, y pegue!”.
Se considera una redención el uso del lenguaje más incivil del que se tenga memoria en las luchas sociales argentinas. Con impunidad lo han tomado, con rápido gesto de arrebatadores, del desván de los recuerdos y de las historias de gestas desplegadas en nombre de un ideal más igualitario. En un sorprendente movimiento de apropiación para travestirla en su beneficio, han movilizado la memoria de los oprimidos en función de sostener el privilegio de unos pocos, vaciando, hacia atrás, todo sentido genuino, buscando inutilizar una tradición indispensable a la hora de reestablecer el vínculo entre las generaciones pasadas y los nuevos ideales emancipatorios.
Es una operación a partir de la cual se definen las lógicas emergentes de esa nueva derecha que no duda en reclamar para sí lo mejor de la tradición republicana y democrática; es una nueva derecha que no se nombra a sí misma como tal, que elude con astucia las definiciones al mismo tiempo que ritualiza en un mea culpa de pacotilla sus responsabilidades pasadas y presentes con lo peor de la política nacional, bendecida por frases evangélicas que llaman oscuramente a la vindicta de los poderosos que aprendieron a hablar con préstamos del lenguaje de los perseguidos. Lo han hecho en otros momentos cruciales de la historia nacional. La nueva derecha inversionista ha comenzado por invertir el significado de las palabras. ¿Por qué no lo harían ahora?
Ante eso, es necesario recuperar otra idea de política, otro vínculo entre la política y las clases populares, y otra hilación entre hechos y símbolos. Si la nueva derecha reina en una sociedad mediatizada, una política que la confronte debe surgir de la distancia crítica con los procedimientos mediáticos. Si la nueva derecha no temió enarbolar la amenaza del hambre (como consecuencia de su desabastecedor plan de lucha), otra política debe situar al hambre, realidad dramática en la Argentina, como problema de máxima envergadura y desafío a resolver. Es cierto que, visiblemente, hoy no son muchos los que aceptan enarbolar blasones de derecha. Hay que buscarla en todos los lenguajes disponibles, en todos los partidos existentes, en todas las conductas públicas que puedan imaginarse. Los pendones que la conmueven pueden ser frases como éstas: la “nueva nación agraria como reserva moral de la nación”. Es el viejo tema de las nuevas derechas y la identificación, también antigua, de patria y propiedad, de nación y posesión de la tierra. Es el concepto de reserva moral como liturgia última que sanciona tanto el “fin del conflicto”, como un tinglado modernizante que no vacila en expropiar los temas del progresismo, pero para desmantelar lugares y memorias. Es una gauchesca de bolsa de cereales como acorde poético junto al horizonte del nuevo empresariado político. Podrán leer a la ida el Martín Fierro y a la vuelta los consejos de Berlusconi.
Los nuevos hombres “laboriosos”, persignados fisiócratas, se indignan porque hay Estado y hay vida colectiva que se resiste a vulnerar la vieja atadura entre las palabras y las cosas. Pero esto ocurre porque la materia ideológica, con sus venerables arabescos y citas célebres, ha quedado deshilvanada, reutilizada en rápidos collages de la nuevas estancias conservadoras del lenguaje. ¿Cómo descubrirlas? Su localización es la ausencia de nervadura social, pues se trata de desplegar para la Argentina futura, una nueva cultura social con un único territorio, el de las rentas extraordinarias que desea percibir una nueva clase ineerpretando estrechamente las graves necesdades alimentarias del mundo. Parecen campesisnos, parecen chacareros, parecen pequeños propietarios, parecen hombres de campo protagonizando una gesta. Pero no son ilusiones estas nuevas creaciones políticas de indesmentible base social nueva. Son los tractores embanderados, brusca señalización del paisaje que atrae por la carencia de todo matiz, de todo signo mediador. La nueva clase teatraliza una rebelión campesina pero traza un nuevo destino conservador para la Argentina. Marcha con vocablos fuera de su eje, en una combinación entremezclada que pone en escena la fusión entre formas morales de revancha y captura jocosa de los símbolos del progresismo social.
Asistimos a un remate general de conceptos. Nociones tan complejas como la de “patria agraria”, “Argentina profunda”, “nuevo federalismo”, han resurgido de un arcón honorable de vocablos, cuando significaron algo precioso para miles y miles de argentinos para salir hoy a luz como mendrugo de astucia y oportunismo. Como en los posmodernismos ya transcurridos, vivimos la sensación que en el reino de los discursos políticos e ideológicos, “todo es posible de darse”. Las palabras parecen las mismas, pero se han dislocado bajo una matriz teleteatral y un recetario de cruces de saltimbanqui, legalizados por la escena primordial de cámaras que infunden irrealidad y deserción de la historia en sus recolecciones vertiginosas. Un nuevo estado moral de derecha surge del neoconservadurismo que reordena los valores en juego, luego de que ha tramitado un liberalismo reaccionario y un modernismo que propone conceptos de la sociedad de la información para hacerlos marchar hacia un nuevo consenso disciplinador y desinformante.
Un nuevo sentido común producido por los tejidos tecnoinformativos nutre así el círculo de captura de imágenes y discursos. Se habla como lo hace la llamada “sociedad del conocimiento” y esta habla como lo hacen previamente quienes ya fueron tocados por la conquistada neoparla que insiste en estar “fuera de la política” pero munidos de jergas sustitutivas de la experiencia pública. Hasta el modo de ir a los actos políticos es puesto bajo la grilla admonitoria de un juez del Olimpo que dictamina los momentos de supuesta “falsa conciencia” de miles de conciudadanos que no poseerían la legítima pasión espontánea de los refundadores del nuevo federalismo sin historia, sin estado, sin instituciones, sin sujeto. El descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras, para hacer pasar por buenas sólo las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas, efectivamente multitudinarias, que mal se sostienen bajo las diversas modalidades del tractorazo, más amenazante que bucólico.
Una república agroconservadora despliega entonces sus banderas de “nuevo movimiento social”. Tienen todo el derecho a expresarse pero el examen democrático del gigantesco operativo que han emprendido debe ser también interpretado. Se trata de sustituir un pueblo que consideran inadecuado con otro vestido con galas de revolución conservadora. Hay suficientes ejemplos en la historia del país y en las memorias constructoras de justicia para decir que no lo lograrán.

Firmas:
Mónica Abella Gustavo Abrevaya Nilda Actis Goretta Leonor Acuña Sergio Leandro Agoff Nelson Agostini Horacio Mario Aguilar Silvia Agulleiro Norberto Alayón Andrés Aldao Carlos J. Aldazábal Julio Alemán Jorge Alemán Fernando Alfón Jorge Aliaga David Aljanati Héctor Jorge Alvaro Ana Amado Ana Amorosini Federico Andahazi Leandro Andrini Eduardo Anguita Nora Aquín Javier Araujo Alejandro Archain Gloria Arcuschin Ricardo Arias Nicolás Arispe Diego Baccarelli María Bagnat Alejandro Balazote María Eugenia Ball Lima Carlos Barbarito Domingo Andres Barrado Ricardo Bartís Cristina Bartolucci Alcira Bas Roberto Baschetti Domingo Basile Vicente Battista Horacio Walter Bauer Tristán Bauer María Cristina Bazerque Martín Becerra Cristina Béjar Marta Bellardi Rodolfo J. Beltramini Luis Benítez Silvia Berajá Ana Berezin Adolfo Bergerot Olga Beriachetto Carlos Berman Jorge Bernetti Emilio Bernini Marta Bertolino Marcelo Bertuccio Graciela Biagini Augusto Bianco Gabriel M. Bilmes Hugo Biondi Fernando Birri Rafael Blanco David Blaustein Jorge Boccanera Vilma Bonetto Jorge Booth Enrique Borcel Gabriela Borgna Ruben Borre María Victoria Bourdieu Carlos Boyle Rodolfo Braceli Andrea Bragas Nora Britos Matías Bruera Mario Burgos Mario Burkun Roberto O. Bustos Elena Cabrejas Cecilia Calandria Sergio Caletti Rubén M. Calmels Pilar Calveiro Edith Cámpora María Elia Capella Darío Capelli Julio Carabelli Pablo Esteban Carabelli Diego Caramés Alfredo Juan Manuel Carballeda Teresa Caretti Joaquín Caretti Ríos Jorge Carpio Ricardo Carrena Carlos Carrique Ana Castaño Cristina Castello Leopoldo "Teuco" Castilla Mariana Casullo Nicolás Casullo Gisela Catanzaro Ana Cauerhff Aníbal Cedrón Susana Cella Matías Cerezo Elda Cerrato Susana Checa SIlvia Chejter Alejandro Cherep Magdalena Chiara María Cristina Chillida Leandro Chulak Noemí Ciollaro Gerardo Codina Javier Cófreces Patricio Contreras Ivonne Copetti Roberto Tito Cossa Ricardo Costa Américo Cristófalo Diana Cruces Fernando Cukierman Cristina Curuchelar Claudia Dagostino Rodrigo Daskal Emiliano De Bin Hugo De Cristóforis Carlos De Feo Carlos De Lorenzo Diego De Menech María De Pauli Oscar A. 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Falcòn Matías Farias Cristina Feijóo José Pablo Feinmann Hugo Arturo Feraud, Julio Fernández, Zulema Fernández Pablo Fernández, Gerardo Fernández Julio Fernández Baraibar Isabel Fernandez Blanco Maximiliano Fernández De Lorenzo Javier Fernández Míguez Claudio Ferrari León Ferrari Lilia Ferreyra Corina Fiorillo Cecilia Flachsland Jorge Flores Marita Foix Jorge Fontanals Juan Forn Alejandro Forster Ricardo Forster Eduardo Foulkes Cristina Fraire Daniel Freidemberg Marcelo Frías Marcelo "Nono" Frondizi Laura Fumagalli Patricia Funes Juan Furlino Jorge Gaggero Oscar Galante Norberto Galasso Lily Galeano Luisa Irma Galli Susana Gamba Eduardo Garavaglia Soledad García Susana García Iglesias Liliana García Nudelman Soledad García Quiroga Gilou García Reinoso Mariano Juan Garreta María Laura Garrido Eduardo Garriga Luis Gasloli Miguel Gaya Marisa Germain Octavio Gettino Luz Gibert Carlos Girotti Eduardo Giuria José Glusman Norma Goicoechea Martha Goldin Jorge M. 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Comunicado de la CGT

Comunicado de Prensa

LA CGT CONVOCA A LA MARCHA
EN DEFENSA
DE LA DEMOCRACIA
Y DEL GOBIERNO POPULAR


Los trabajadores organizados, coherentes con lo que venimos sosteniendo desde el mes de Marzo, convocamos a una marcha en defensa de la democracia, de la soberanía del Pueblo, del funcionamiento de las instituciones y del Gobierno Popular de la Presidenta Cristina Fernández, elegido por la mayoría del Pueblo argentino, el próximo Martes 15 de Julio, a las 15 hs, en la Plaza de los Dos Congresos.
A efectos de facilitar la concurrencia de las trabajadoras y trabajadores.
La CGT dispone UN CESE DE ACTIVIDADES A PARTIR DE LAS 12HS. DEL DIA MARTES 15 DE JULIO EN LA CAPITAL FEDERAL Y EL GRAN BUENOS AIRES.-
La actitud y los dichos de los ruralistas después de la media sanción en Diputados, dejan aún más al descubierto que el problema no son las retenciones móviles sino el modelo de país que con este tipo de medidas redistributivas se defiende, se construye y se sostiene. Porque a pesar de la ampliación del rango de productores que recibían compensaciones y el mejoramiento de los volúmenes de las mismas para los menos grandes (que mejoran la situación previa al 11 de marzo), ellos insisten de manera obcecada y mentirosa con un reclamo sectario y ficticio.
A esta altura del partido, es evidente que los ruralistas más que enfrentar al Gobierno están enfrentando a la mayoría del Pueblo argentino teniéndonos en vilo desde hace 120 días y perjudicándonos por el desabastecimiento y el alza de los precios mientras que ellos exportan y acrecientan sus patrimonios sin ningún pudor.
Los trabajadores queremos que los senadores respeten la voluntad popular y el proyecto de país que el pueblo voto en Octubre. No queremos que ninguno se haga el distraído (como pasó con algunos diputados que borraron con el codo lo que votaron en marzo) y vote a favor de los monopolios sojeros y en contra del Pueblo Argentino.
Los trabajadores queremos un funcionamiento normal del Congreso, los trabajadores queremos tranquilidad para trabajar y seguir generando la riqueza del país, los trabajadores no queremos volver al pasado, donde unos pocos se quedaban con la riqueza nacional y el trabajo era un privilegio.
Por todo esto, porque estamos a favor del proyecto nacional y popular y porque defendemos las instituciones y la democracia, la CGT convoca al PUEBLO TRABAJADOR a la marcha y reafirma su compromiso de seguir luchando por un modelo de país en el que la JUSTICIA SOCIAL PLENA sea el eje de todas las políticas de Gobierno.

LOS TRABAJADORES UNIDOS EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Y DEL PROYECTO NACIONAL
Y POPULAR

Buenos Aires, 11 de Julio de 2008.

JULIO PIUMATO JUAN A BELEN
SEC. DD HH SEC ADJUNTO

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL