EL 28 DE JUNIO NESTOR KIRCHNER DIPUTADO NACIONAL

CRISTINA PRESIDENTA

PARA PROFUNDIZAR EL PROYECTO NACIONAL Y POPULAR

Es indudable que este 28 de junio de 2009 se plantea, en el terreno electoral, una disputa entre dos modelos de país muy diferentes.

De un lado, una Argentina que resurgió a partir de la acción de un gobierno que desde el 25 de mayo de 2003, con Néstor Kirchner como presidente, supo reencausar la política nacional en el sentido de los intereses populares.

Aquel país desvastado, que estallara en diciembre de 2001 como consecuencia de las políticas neoliberales de los años 80 y 90, fue el punto desde el cual se impulsó una verdadera tarea de reconstrucción que hoy es continuada por nuestra presidenta Cristina Fernández con medidas que priorizan el trabajo y la inclusión social.

De otro lado, presentados como los referentes de la “nueva política” por los grandes medios de información, aparece una oposición que –salvo contadas excepciones- tiene como principal bandera política la preservación de una institucionalidad formal, “republicana”, vacía de contenido, a menudo ajena a las expectativas del pueblo, pero que en verdad lo que busca es “desgastar” al gobierno nacional para, de esa forma, encontrar el clima propicio que permita el retorno a un modelo económico que en el pasado sólo sirvió para beneficio de unos pocos. Con tintes de modernidad, ese modelo no es más que aquel viejo esquema agroexportador sostenido desde siempre por la Sociedad Rural Argentina y que hoy se encuentra integrado dentro de la estrategia del capital financiero internacional. En lugar de pensar un país industrial con integración social nos proponen convertirnos en un granero neo-colonial del siglo XXI.

En este contexto no sorprende que desde sectores opositores se evite debatir sobre la transformación que ha vivido nuestro país en los últimos seis años. Que no se lo piense siquiera como un punto de partida y, por el contrario, se puntualice casi exclusivamente en criticar el “estilo” y “las formas” del gobierno popular. Tampoco debe asombrarnos como de un modo por momentos frívolo, superficial, banal, los grandes multimedios intentan fijar en esos términos la “agenda” de la opinión pública. Los une un mismo proyecto y la dificultad de no poder contrastar seriamente los logros alcanzados en estos años que, aunque se reconozca que aun falta mucho por hacer, por su contundencia son inocultables:

EN LO ECONOMICO: se apostó al desarrollo del mercado interno priorizando el consumo popular como factor de crecimiento y distribución en favor de los sectores populares. Esto permitió la creación de más de 3,5 millones de nuevos puestos de trabajo y, mediante paritarias y el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario.

El desendeudamiento externo posibilitó dejar de lado los condicionamientos que pesaban sobre nuestra economía permitiendo mantener el manejo del peso ($) al servicio de la economía nacional.

Se recuperaron empresas que habían sido privatizadas, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas y Austral, Correo Argentino, Area Material Córdoba, etc.

Frente a la crisis financiera internacional producida como consecuencia del agotamiento del modelo de acumulación basado en el capital financiero que en Europa, Asia y Estados Unidos arroja millones de trabajadores a la calle, el gobierno no tomó el camino del “ajuste” tantas veces practicado desde el regreso de la democracia en 1983. Por el contrario día a día se trabaja para reforzar el papel del Estado interviniendo activamente en la economía para sostener las fuentes de trabajo, impulsando la obra pública, avanzando sobre el control del comercio exterior, para que los efectos de esta crisis generada en los países desarrollados no los terminen pagando nuestro pueblo.

Desde la Banca pública se implemento una política crediticia destinada a la pequeña y mediana empresa. Mediante la legislación dispuesta al efecto, se refinanciaron las deudas del sector agropecuario por las cuales, en 2003, catorce millones de hectáreas estaban embargadas y a punto de ser rematadas por los bancos.

Se posibilitó una solución al problema de los endeudados por créditos hipotecarios para vivienda familiar suscriptos en dólares que se habían tornado impagables como consecuencia del estallido de la convertibilidad.

El mantenimiento de las retenciones, principalmente a la soja, constituyen un instrumento imprescindible del Estado Nacional para desenganchar el precio de los alimentos de los parámetros internacionales, sin ellas la leche, harinas, carnes y otros productos se pagarían a precio “dólar” o “euro” en nuestro propio país.

EN LO SOCIAL: se incluyeron 1 millón ochocientas mil personas al sistema jubilatorio, reconociéndose derechos que otros gobiernos habían ignorado olímpicamente; se reestableció la movilidad de los haberes.

Se recuperó la administración estatal del régimen previsional que estaba en manos de bancos y financieras (AFJP) en su mayoría de origen extranjero, cortándose de esa manera una descomunal sangría de fondos que utilizaba el ahorro de los trabajadores para financiar negocios que terminaban jugando en contra del trabajo argentino.

Se desarrolló la obra pública a lo largo y ancho del país beneficiando a las provincias y los municipios con la construcción de escuelas, hospitales, centros de salud, caminos, puentes, rutas, viviendas, redes cloacales, agua potable, gas natural, como hacía varias décadas no se veía en nuestro país. Se coparticipó a provincias y municipios el 30 % de lo recaudado por retenciones a la soja con afectación a obras de infraestructura.

Desde los medios públicos se encaró una política de calidad sin precedentes plasmada en Canal 7, Canal Encuentro, Radio Nacional, Incaa, Biblioteca Nacional, Secretaría de Cultura de la Nación. Se promueve la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual buscando democratizar el espacio radioeléctrico que es de dominio público para posibilitar la expresión de los sectores de la comunidad no ligados al negocio mediático, como son las Escuelas, Universidades, Sindicatos, Cooperativas, Radios Comunitarias, Centros Populares, Municipios, Entidades Religiosas, etc.

Entre otras leyes de importancia se sancionó la ley 26.075 de financiamiento en educación, ciencia y tecnología para que entre Nación y provincias se arribe en 2010 a una inversión del 6% del PBI.

EN LO POLITICO: Se ha roto la lógica que nos rigiera durante tantos años por la cual el Estado estaba manejado por tecnócratas cuya única receta era achicar el gasto social en salud, educación, infraestructura, servicios públicos, etc. y hacer los deberes con el FMI. Desde mayo del 2003, en un proceso que debe continuar profundizándose, el Estado ha ido recuperando un papel central en la vida de los argentinos, motorizando la inversión pública en cada uno de los rincones de la patria, creándose empresas públicas como en el caso de Enarsa, cuya potencialidad merece ser desarrollada decididamente.

Se multiplico positivamente el gasto público como consecuencia de las políticas sociales destinadas a los sectores mas desprotegidos de la población, otorgándose créditos para emprendimientos productivos, para fabricas recuperadas, cooperativas, para programas de agricultura familiar, etc.

Se construyeron acuerdos con los países hermanos de la Patria Grande fortaleciéndose la integración regional en el MERCOSUR, la Unasur, el Banco del Sur, pero también tomando partido en contra del ALCA, del intento de golpe en Bolivia y del bloqueo a Cuba, haciendo oír la voz de nuestros países en la cumbre del G-20 y otros encuentros, afirmando insistentemente la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, exigiendo a Gran Bretaña su restitución.

A partir de todo esto la Argentina volvió a ser respetada en todos los foros internacionales.

EN LO INSTITUCIONAL: se implementó la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación integrándola con juristas de reconocida trayectoria, dejando atrás la vergonzosa historia de la corte anterior cómplice de los más grandes negociados que sólo brindaba “seguridad jurídica” a los grupos económicos.

Se impulsó una tenaz política de derechos humanos en base al restablecimiento de la verdad y la justicia a partir de la anulación de las leyes de impunidad, promoviendo los juicios a los represores genocidas en todo el país.

Desde el 2007 se redujeron al mínimo los decretos de necesidad y urgencia y se giraron al Congreso de la Nación los proyectos de ley más importantes posibilitando una discusión amplia y democrática.

Se derogó el código de justicia militar que constituía un resabió de privilegios que, pese a estar prohibidos por la constitución nacional (art. 16), continuaban plenamente vigentes.

Mal que les pese a los sectores del poder económico y a sus socios menores, un nuevo proceso político se ha abierto en la Argentina. Ya no basta con pregonar el desaliento y la indiferencia buscando que la política, convertida en mala palabra, sólo la ejerzan los “empresarios billetera”, los “opinólogos” o los “tecnócratas”. Para millones de compatriotas la política ha vuelto a ser una herramienta imprescindible para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Los jóvenes dan testimonio de eso: en los barrios, las escuelas, las universidades, los sindicatos, los centros culturales, miles de jóvenes se incorporan activamente a la militancia interesándose por su comunidad, haciendo sus primeras experiencias organizativas, buceando en la historia para encontrar sus propias certezas, empujando, discutiendo, en definitiva, buscando hacer realidad sus sueños y esperanzas, reconociéndose en lo mejor de la historia de lucha del pueblo argentino. El movimiento obrero ha puesto el debate sobre la mesa, la movilización de más de 150 mil trabajadores encolumnados en sus organizaciones sindicales el pasado 30 de abril demuestra una vez más la voluntad mayoritaria de respaldar un modelo socioeconómico que privilegia la producción y el trabajo como única garantía que para hacer realidad la Justicia Social.

Volvemos a reencontrarnos en el rumbo del Proyecto Nacional y Popular que nos legaran Juan y Eva Perón, aquel de la Independencia Económica, la Soberanía Política y la Justicia Social; aquel que hunde sus raíces en la gesta emancipadora de mayo de 1810, en las Montoneras Federales, en el Irigoyenismo, en las masas trabajadoras del 17 de Octubre, en la Juventud del Luche y Vuelve, en el Movimiento Obrero Organizado; aquel que levanta como bandera los nombres de los compañeros desaparecidos y se enorgullece de las madres y abuelas de plaza de mayo; aquel que se identifica con la idea añorada de la Patria Grande Latinoamericana.

Hacemos nuestra la palabra de la Presidenta Cristina cuando permanentemente expresa la necesidad de profundizar la distribución de la riqueza para que cada argentino, en cualquier rincón de la patria, pueda vivir una vida digna.

Por todo ello, el próximo 28 de junio, NESTOR KIRCHNER DIPUTADO NACIONAL.

AGRUPACION PERONISTA JUAN JOSE VALLE

ENSENADA

Una deuda con la Democracia: Ley de Servicios Audiovisuales

En aquel ya clásico de la literatura política argentina –El Manual de Zonceras Argentinas- Don Arturo Jauretche se encargaba de delimitar muy claramente las aguas de la “libertad de prensa” y la “libertad de empresa”, dejándonos la idea de que, muchas veces, al amparo de un derecho nacido como un instrumento emancipador (L. P.) se escondía el propósito de preservar intereses económicos concentrados (L. E.).

Decía que las grandes empresas periodísticas eran “primero empresas y después prensa”, por lo tanto “la llamada libertad de prensa era una manifestación de la libertad de empresa”, porque, “…la prensa es libre sólo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses” y que, como poder (factor de poder), “…el único que no era afectado por los golpes de estado…”, porque “…era la que terminaba por disciplinar a los otros poderes conforme a las exigencias de la “libertad de prensa” (Zonceras nº 37 y 38, Peña Lillo editor, 1968).

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, aún así, parece mentira que haga falta refrescarlo después de que corriera tanta agua bajo el puente y hayamos asistido, no sólo a las enseñanzas del maestro, sino -como sociedad- a innumerables circunstancias en las cuales los grandes medios de comunicación fueron artífices y/o cómplices de las políticas implementadas en contra del pueblo argentino, y pongo, nada más como ejemplo, la complicidad con el derrocamiento de un gobierno que –gustara o no- tenía legitimidad constitucional, como sucedió el 24 de marzo de 1976 y, con ello, la inauguración de la dictadura más sangrienta y entreguista que haya conocido la historia argentina.

 En este contexto resulta malicioso –y ya no una simple contradicción- que se diga que, en pos de defender la “libertad de prensa” y la “democracia”, es necesario defender a los grandes multimedios (Grupo Clarín), tarea que había que asumir en el terreno político electoral (Elisa Carrio, candidata de la Coalición Cívica).

Realmente no deja de sorprender que no se advierta (o que se encubra) que la “calidad institucional” -tanta veces reclamada y declamada desde algunos sectores de la vida política o académica- tiene una relación directa con cómo se concreta el derecho de todo ciudadano de acceder a información veraz, plural, diversa, que no sea un instrumento de manipulación mediática, que tenga un sentido no discriminatorio, humanista, democrático, porque ello moldea conductas ciudadanas, dirigenciales, tendencias, orientaciones, forma “opinión pública”, que son las que definen gran parte de las expectativas políticas de la sociedad.

Más asombroso es que se oculte que los medios de comunicación también hacen política -con su mensaje toman continuamente partido por opciones políticas- y que cuando esos medios están concentrados (¿prensa independiente?) la política que desarrollan no puede ser otra cosa que la defensa de esos intereses minoritarios o de grupos (elites, oligarquías, monopolios) y no los del conjunto del pueblo. Esto es el “ABC”, “el dos más dos”, como se dice comúnmente, una verdad de perogrullo.

Por eso, es necesario entablar un debate alrededor de la propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales impulsada por la Presidenta de la Nación, que viene a suplantar el decreto-ley 22.285/80 hoy vigente, norma vetusta y autoritaria, suscripta nada menos que por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, porque ello, en definitiva, va a posibilitar que se exprese el conjunto de la sociedad acerca de si es legítimo continuar con un esquema de comunicación que avala la manipulación, la concentración de opinión en pocas “voces”, la falsificación, la carterización de los negocios y, más grave aún, la posibilidad de que, a través de “jugadas” de naturaleza destituyente, se quebrante la voluntad popular.

Sin dudas, este proyecto inaugura una modalidad que se abre a la participación democrática en cuanto al debate de sus contenidos. El estado, a través del COMFER y otros organismos, viene propiciando a lo largo y ancho del país audiencias públicas, charlas debate, jornadas de reflexión, clases públicas, seminarios, que cuentan con amplia participación de la comunidad. Escuelas, Universidades, Bibliotecas Populares, Sindicatos, Centros de Fomento, Movimientos Sociales, Agrupaciones Políticas, Centros de Estudiantes, Cooperativas, Radios y demás medios comunitarios, sus agrupamientos, son el conjunto de estamentos involucrados en esta tarea.

 Sus disposiciones colectan gran parte de lo elaborado por la “Coalición por una Radiodifusión para la Democracia” (“21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”; www.coalicion.org.ar), compuesta por más de un centenar de organizaciones sociales, sindicales, medios de comunicación comunitarios, universitarios, etc.

En su concepción, expresa lo mejor de la construcción cultural en materia de derechos humanos, definiendo que está dirigida a garantizar el ejercicio universal del derecho de todos los ciudadanos a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones, garantizando la pluralidad, la diversidad y una efectiva libertad de expresión, constituyendo, dichos elementos, verdaderos pilares de la democracia (Convención Americana sobre Derechos Humanos, pacto de San José de Costa Rica, 1969; art. 75, inc. 22, Constitución Nacional).

Propicia la universalización del aprovechamiento de los avances tecnológicos, buscando poner esas herramientas, consideradas esenciales para asegurar la pluralidad y diversidad, no exclusivamente en manos de quienes ostenten capacidad económica, sino al servicio de la profundización de la participación democrática de la ciudadanía, apuntando a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios.

Afirma el concepto de federalismo, fortaleciendo lo local, buscando la protección de los bienes culturales de nuestro pueblo, del patrimonio artístico, protegiendo la tarea de los creadores y los trabajadores de la cultura (actores, locutores, músicos, técnicos, productores, etc.) y apunta al abaratamiento del acceso de los ciudadanos a esos bienes culturales en toda la geografía nacional.

Se ocupa de ampliar los derechos de los ciudadanos, en cuanto al acceso a los eventos de repercusión popular, como son el fútbol profesional, hoy monopolizados por un conglomerado empresario que distribuye apenas el 2% entre los clubes del fútbol argentino de la recaudación anual por los derechos de televisación, (recauda 9.800 millones de pesos y reparte 182 millones entre los clubes).

No se queda sólo en la previsión de los medios privados y/o comunitarios sino que avanza en el tratamiento de las estructuras y medios de comunicación audiovisuales del Estado, en los distintos planos, nacional, provincial y municipal, buscando abrir instancias participativas con conducciones representativas y colegiadas, como modo de asegurar la expresión del pluralismo político y la democracia.

Rescata y da un marco para la profundización de la labor realizada en los últimos tiempos en los medios públicos, a partir de las notables experiencias encaradas con Canal 7, Radio Nacional, Canal Encuentro, Incaa, Biblioteca Nacional, Secretaría de Cultura y demás estructuras estatales vinculadas a la comunicación audiovisual y a la cultura.

Finalmente, cabe señalar que el instrumento (la ley) es realmente de un gran valor y busca saldar una de las grandes deudas de la Democracia desde su advenimiento en 1983, pero no debe soslayarse que se da en el marco de una disputa política que enfrenta claramente dos modelos de país. Uno, un Proyecto Nacional y Popular basado en el desarrollo del mercado interno, la producción, el trabajo y la Justicia Social, que desde hace 6 años, desde el 25 de mayo de 2003, se encuentra en pleno proceso de expansión. Otro, que basa sus propuestas en lo que fueron los pilares del neoliberalismo de los años 90, aquel que nos dejó un país hecho pedazos y que hoy propone el regreso al modelo Agro-Exportador de principios de siglo XX, como en una especie de “revival” de una Argentina planificada para beneficio de unos pocos.

Por eso, la decisión política de una sociedad que no quiera seguir siendo sujeto de la manipulación mediática puede garantizar que esto se haga realidad y para eso hay que empezar por difundirlo y debatirlo en todas las instancias de la comunidad.

Vale la pena ingresar en los contenidos con más detalle y también ir viendo como van jugando los distintos sectores.

 

Centro de Estudios Populares “PATRIA GRANDE”

                                     Ensenada

 

Diego Gustavo Oliveira

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