Una deuda con la Democracia: Ley de Servicios Audiovisuales

En aquel ya clásico de la literatura política argentina –El Manual de Zonceras Argentinas- Don Arturo Jauretche se encargaba de delimitar muy claramente las aguas de la “libertad de prensa” y la “libertad de empresa”, dejándonos la idea de que, muchas veces, al amparo de un derecho nacido como un instrumento emancipador (L. P.) se escondía el propósito de preservar intereses económicos concentrados (L. E.).

Decía que las grandes empresas periodísticas eran “primero empresas y después prensa”, por lo tanto “la llamada libertad de prensa era una manifestación de la libertad de empresa”, porque, “…la prensa es libre sólo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses” y que, como poder (factor de poder), “…el único que no era afectado por los golpes de estado…”, porque “…era la que terminaba por disciplinar a los otros poderes conforme a las exigencias de la “libertad de prensa” (Zonceras nº 37 y 38, Peña Lillo editor, 1968).

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, aún así, parece mentira que haga falta refrescarlo después de que corriera tanta agua bajo el puente y hayamos asistido, no sólo a las enseñanzas del maestro, sino -como sociedad- a innumerables circunstancias en las cuales los grandes medios de comunicación fueron artífices y/o cómplices de las políticas implementadas en contra del pueblo argentino, y pongo, nada más como ejemplo, la complicidad con el derrocamiento de un gobierno que –gustara o no- tenía legitimidad constitucional, como sucedió el 24 de marzo de 1976 y, con ello, la inauguración de la dictadura más sangrienta y entreguista que haya conocido la historia argentina.

 En este contexto resulta malicioso –y ya no una simple contradicción- que se diga que, en pos de defender la “libertad de prensa” y la “democracia”, es necesario defender a los grandes multimedios (Grupo Clarín), tarea que había que asumir en el terreno político electoral (Elisa Carrio, candidata de la Coalición Cívica).

Realmente no deja de sorprender que no se advierta (o que se encubra) que la “calidad institucional” -tanta veces reclamada y declamada desde algunos sectores de la vida política o académica- tiene una relación directa con cómo se concreta el derecho de todo ciudadano de acceder a información veraz, plural, diversa, que no sea un instrumento de manipulación mediática, que tenga un sentido no discriminatorio, humanista, democrático, porque ello moldea conductas ciudadanas, dirigenciales, tendencias, orientaciones, forma “opinión pública”, que son las que definen gran parte de las expectativas políticas de la sociedad.

Más asombroso es que se oculte que los medios de comunicación también hacen política -con su mensaje toman continuamente partido por opciones políticas- y que cuando esos medios están concentrados (¿prensa independiente?) la política que desarrollan no puede ser otra cosa que la defensa de esos intereses minoritarios o de grupos (elites, oligarquías, monopolios) y no los del conjunto del pueblo. Esto es el “ABC”, “el dos más dos”, como se dice comúnmente, una verdad de perogrullo.

Por eso, es necesario entablar un debate alrededor de la propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales impulsada por la Presidenta de la Nación, que viene a suplantar el decreto-ley 22.285/80 hoy vigente, norma vetusta y autoritaria, suscripta nada menos que por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, porque ello, en definitiva, va a posibilitar que se exprese el conjunto de la sociedad acerca de si es legítimo continuar con un esquema de comunicación que avala la manipulación, la concentración de opinión en pocas “voces”, la falsificación, la carterización de los negocios y, más grave aún, la posibilidad de que, a través de “jugadas” de naturaleza destituyente, se quebrante la voluntad popular.

Sin dudas, este proyecto inaugura una modalidad que se abre a la participación democrática en cuanto al debate de sus contenidos. El estado, a través del COMFER y otros organismos, viene propiciando a lo largo y ancho del país audiencias públicas, charlas debate, jornadas de reflexión, clases públicas, seminarios, que cuentan con amplia participación de la comunidad. Escuelas, Universidades, Bibliotecas Populares, Sindicatos, Centros de Fomento, Movimientos Sociales, Agrupaciones Políticas, Centros de Estudiantes, Cooperativas, Radios y demás medios comunitarios, sus agrupamientos, son el conjunto de estamentos involucrados en esta tarea.

 Sus disposiciones colectan gran parte de lo elaborado por la “Coalición por una Radiodifusión para la Democracia” (“21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”; www.coalicion.org.ar), compuesta por más de un centenar de organizaciones sociales, sindicales, medios de comunicación comunitarios, universitarios, etc.

En su concepción, expresa lo mejor de la construcción cultural en materia de derechos humanos, definiendo que está dirigida a garantizar el ejercicio universal del derecho de todos los ciudadanos a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones, garantizando la pluralidad, la diversidad y una efectiva libertad de expresión, constituyendo, dichos elementos, verdaderos pilares de la democracia (Convención Americana sobre Derechos Humanos, pacto de San José de Costa Rica, 1969; art. 75, inc. 22, Constitución Nacional).

Propicia la universalización del aprovechamiento de los avances tecnológicos, buscando poner esas herramientas, consideradas esenciales para asegurar la pluralidad y diversidad, no exclusivamente en manos de quienes ostenten capacidad económica, sino al servicio de la profundización de la participación democrática de la ciudadanía, apuntando a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios.

Afirma el concepto de federalismo, fortaleciendo lo local, buscando la protección de los bienes culturales de nuestro pueblo, del patrimonio artístico, protegiendo la tarea de los creadores y los trabajadores de la cultura (actores, locutores, músicos, técnicos, productores, etc.) y apunta al abaratamiento del acceso de los ciudadanos a esos bienes culturales en toda la geografía nacional.

Se ocupa de ampliar los derechos de los ciudadanos, en cuanto al acceso a los eventos de repercusión popular, como son el fútbol profesional, hoy monopolizados por un conglomerado empresario que distribuye apenas el 2% entre los clubes del fútbol argentino de la recaudación anual por los derechos de televisación, (recauda 9.800 millones de pesos y reparte 182 millones entre los clubes).

No se queda sólo en la previsión de los medios privados y/o comunitarios sino que avanza en el tratamiento de las estructuras y medios de comunicación audiovisuales del Estado, en los distintos planos, nacional, provincial y municipal, buscando abrir instancias participativas con conducciones representativas y colegiadas, como modo de asegurar la expresión del pluralismo político y la democracia.

Rescata y da un marco para la profundización de la labor realizada en los últimos tiempos en los medios públicos, a partir de las notables experiencias encaradas con Canal 7, Radio Nacional, Canal Encuentro, Incaa, Biblioteca Nacional, Secretaría de Cultura y demás estructuras estatales vinculadas a la comunicación audiovisual y a la cultura.

Finalmente, cabe señalar que el instrumento (la ley) es realmente de un gran valor y busca saldar una de las grandes deudas de la Democracia desde su advenimiento en 1983, pero no debe soslayarse que se da en el marco de una disputa política que enfrenta claramente dos modelos de país. Uno, un Proyecto Nacional y Popular basado en el desarrollo del mercado interno, la producción, el trabajo y la Justicia Social, que desde hace 6 años, desde el 25 de mayo de 2003, se encuentra en pleno proceso de expansión. Otro, que basa sus propuestas en lo que fueron los pilares del neoliberalismo de los años 90, aquel que nos dejó un país hecho pedazos y que hoy propone el regreso al modelo Agro-Exportador de principios de siglo XX, como en una especie de “revival” de una Argentina planificada para beneficio de unos pocos.

Por eso, la decisión política de una sociedad que no quiera seguir siendo sujeto de la manipulación mediática puede garantizar que esto se haga realidad y para eso hay que empezar por difundirlo y debatirlo en todas las instancias de la comunidad.

Vale la pena ingresar en los contenidos con más detalle y también ir viendo como van jugando los distintos sectores.

 

Centro de Estudios Populares “PATRIA GRANDE”

                                     Ensenada

 

Diego Gustavo Oliveira

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